La Constitución del Bicentenario

RESUMEN EJECUTIVO

Se propone una reforma constitucional sustancial que pueda cerrar la transición a la democracia y que sea expresión de las aspiraciones y necesidades de todos los chilenos. La reforma se funda en lograr un mejor equilibrio entre el Presidente de la República y el Congreso. Se asegura también mayor transparencia, participación e iniciativa ciudadana en todos los procesos legislativos y fiscalizadores con interpelaciones programadas y con primarias obligatorias o con la firma de un mínimo de ciudadanos para todos los candidatos a cargos de elección popular. Contiene una propuesta potente de regionalización política y administrativa que crea un nuevo gobierno regional y un alcalde mayor que son elegidos de modo directo y concejos comunales con nuevas atribuciones conjuntamente con una política pública y privada de ocupar todo el territorio del país. Se pide terminar con las barreras de entrada a la política y se aboga por el voto voluntario y la inscripción automática para incluir en la ciudadanía efectiva a todos los chilenos, independiente de si viven en Chile o el extranjero o de su afiliación política. También se ha propuesta la idea del diálogo social obligatorio entre trabajadores y empresarios y terminar con las barreras entre la política y la sociedad. La reforma comprende la ampliación de la nacionalidad y la mayor igualdad de los derechos ciudadanos y una nueva concepción de los derechos fundamentales que refuerce los derechos económicos y sociales y que consagra a nivel constitucional que la pobreza es contraria a los derechos humanos. Se propone restablecer el principio democrático a nivel legislativo y reformar el contenido y la ampliación de las leyes orgánicas. La reforma comprende la reordenación de las disposiciones referidas a las fuerzas armadas en la carta fundamental y la sustitución del concepto de seguridad nacional por el de seguridad exterior e interior. Además incluye el agregado del concepto de seguridad ciudadana y del Ministerio que se ocupará de la misma lo que implica fusionar el Ministerio del Interior y Secretaría General de la Presidencia como una sola cartera dedicada a las materias políticas. Los principios de control y responsabilidad constitucional deben también hacerse efectivos de acuerdo con esta propuesta respecto del Tribunal Constitucional, el Banco Central, la Contraloría y los demás órganos autónomos. Finalmente, la reforma se piensa como un proceso colectivo, institucional y gradual, mediante el cual pueda prevenirse la Asamblea Constituyente, que ya ha sido propuesta en Chile para adaptar nuestra Constitución a las necesidades actuales.